La reconquista con la mesa servida
Después de cuarenta años solo nos queda el 28% de nuestro cobre, todas las leyes a favor de las transnacionales mineras y contra los intereses nacionales, han sido aprobadas por un acuerdo entre los partidos de la derecha y de la concertación, a pesar del voto contrario de contados parlamentarios.
En suma, las empresas mineras extranjeras han reconquistado nuestra minería y nuestra economía, no sólo gracias a que han obtenido leyes favorables mediante la acción corruptora de su lobby, sino que, a la vez, se han visto favorecidas por muchas autoridades e instituciones de gobierno que, más allá de la ley, han tenido una actitud complaciente que resulta sospechosa, o al menos incomprensible para quienes tienen el deber de defender y preservar los intereses generales de la Nación por mandato de la Constitución y la ley.
Analogía; Según nuestra historia, el 18 de septiembre de 1810 se constituyó la primera Junta de Gobierno, nuestro país fue ocupado nuevamente por los españoles después del desastre de Rancagua, en 1814, período que la historia oficial denominó como “La Reconquista ”, que se prolongó hasta que el Ejército Libertador de los Andes, al mando del General José de San Martín, derrotó a los españoles en Chacabuco, el 12 de febrero de 1817 y, posteriormente en Maipú, el 5 de abril de 1818, sellando definitivamente nuestra independencia política de España. El período de la Reconquista española se prolongó desde 1814 a 1817, ¿Cuanto nos demoraremos en la reconquista de nuestras riquezas y especialmente el cobre?
Resulta pertinente hacer una analogía entre ese período histórico de nacimiento de la República de Chile con la lucha por nuestra independencia económica, que tuvo su punto culminante el 11 de julio de 1971, llamado también Día de la Dignidad Nacional , fecha de la NACIONALIZACIÓN DE LA GRAN MINERÍA DEL COBRE, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional.
Después de la NACIONALIZACION , las transnacionales iniciaron un nuevo período de “Reconquista” de nuestros recursos mineros y en particular de nuestro cobre, reconquista que ha sido muy larga, porque aún perdura, aunque ya hemos iniciado una lucha de guerrillas contra esta nueva invasión extranjera, pero aún no hemos logrado conformar el ejército libertador legislativo, que permita la independencia definitiva.
El período de la Reconquista española se prolongó desde 1814 a 1817, mientras que el actual período de Reconquista por el capitalismo transnacional ha sido mucho más extenso. Las primeras batallas por la reconquista de nuestra principal riqueza, se dieron en el seno de la Comisión Constituyente (designada por la Dictadura para redactar una nueva Constitución, entre 1975 y 1978), en la que algunos juristas se esforzaron por hacer del Estado sobre todas las minas.
Eran varios los asesores civiles del gobierno militar, además de algunos miembros de la Comisión Constituyente , que perseguían abiertamente la desnacionalización de las 5 empresas de la gran minería que habían sido nacionalizadas en 1971 y que eran: Compañía de Cobre Chuquicamata, Compañía Minera Exótica, Compañía de Cobre Salvador, Compañía Minera Andina y Sociedad Minera El Teniente. Sin embargo, estos lobystas civiles, que actuaban por cuenta de las transnacionales estadounidenses, encontraron firme oposición a sus intentos desnacionalizadores entre algunos militares. Después de discusiones y negociaciones, el 27 de febrero de 1976, se dictó una nueva disposición constitucional, el DL 1.167, que se titula: “Consolida la nacionalización de la Gran Minería del Cobre y da normas para la administración de las empresas nacionalizadas”.
El DL 1.167 establece perentoriamente que:
1) Las concesiones mineras de los yacimientos nacionalizados que estaban en explotación no pueden ser vendidas, es decir, privatizadas,
2) Las concesiones mineras de yacimientos que no se encontraban en explotación sólo podrán venderse si una ley lo autoriza.
Para ponerle un freno a la acción del lobby del cobre, la Junta Militarla Nacionalización del año 1971 porque prohibía “constitucionalmente” que se pudieran vender los yacimientos mineros nacionalizados.
Hay que tener presente que el Presidente Allende había dictado el DFL Nº1 de Minería, del 7 de junio de 1972, en cuyo art. 13 letra K se permitía, a las empresas nacionalizadas, “adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles o derechos mineros”, lo que dejaba la puerta abierta para la venta de cualquier pertenencia
minera, incluso los yacimientos nacionalizados. De tal forma que el DL 1167, de febrero de 1976, (vigente en la actualidad en virtud de la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980), puso una lápida constitucional a la posibilidad de vender los yacimientos nacionalizados. Es más, el 28 de febrero de 1976, es decir, un día después del DL 1.167, se publicó el DL Nº 1.350, que agrupó a las 5 empresas nacionalizadas, que habían sido creadas con la Ley de la del Cobre de Chile (CODELCO).
Poco después fue modificada la ley secreta Nº 13.196 de 1957. Esta ley establecía que una parte de las utilidades de las empresas de la gran minería (que en 1957 eran todas norteamericanas), debía destinarse para la compra de armas para las Fuerzas Armadas, pero con la modificación de 1976, también secreta, la Junta Militar estableció que ya no todas las empresas de la gran minería sino que sólo CODELCO debería pagar un 10% de sus ventas, tributo que iría a la Fuerzas Armadas y que se destinaría únicamente a la compra de armas, excluyendo cualquier otro tipo de gasto militar. Al ser nominativamente CODELCO la que tenía que pagar un 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas, se creaba un gran obstáculo a quien quisiera comprarla, ya que tendría la obligación de pagar el 10% de sus ventas a las Fuerzas Armadas, salvo que se derogara la Ley secreta 13.196. En otras palabras, a partir de 1976, quien quisiera privatizar CODELCO, debía encontrarse en su camino con las propias FFAA, porque la compra de armas quedaba supeditada a las ventas de cobre que hiciera CODELCO.
Desde aquella fecha los esfuerzos de “la Reconquista ” se orientaron a los yacimientos que no habían sido nacionalizados aún, buscando resquicios para su entrega en concesión al capital extranjero, cuestión que el DL 600, dictado en 1974, tampoco permitía. El primer paso en esta dirección fue dado el 8 de marzo de 1977, cuando se promulgó el DL Nº 1.748, que reemplazó completamente el DL 600, de 1974, que fue el que verdaderamente abrió las puertas a la inversión extranjera. Este período de reconquista se afianzó en 1982 y 1983 con la promulgación de la Ley N º 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, y las nuevas leyes mineras de junio de 1990, cuando el recién ingresado gobierno de